SANTO DOMINGO. La nominada para ser embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana garantizó ayer al Comité Senatorial de Relaciones Exteriores del Congreso de ese país que, de ser confirmada, trabajará para que se respeten los derechos de aquellos descendientes de haitianos afectados por la sentencia dictada en 2013 por el Tribunal Constitucional, lo que provocó al reacción del canciller Miguel Vargas, quien negó que en el país haya apatridia.
“Nosotros hemos reiterado que aquí no hay apátridas, que este es un país que se rige conforme a la Constitución y la ley dominicana y que nuestro compromiso es hacerlas cumplir. Cada país tiene derecho de manejar su estado migratorio en la forma que entienda más conveniente y esto se maneja a través de las leyes que lo rigen”, indicó el canciller dominicano.
“Tendremos que edificar correctamente y adecuadamente a la señora embajadora en su momento, pero entendemos que la República Dominicana es un país soberano”, dijo Vargas.
El exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, afirmó que el pueblo dominicano es propietario de su destino, si tiene la intención de permanecer indiferente a lo que pasa o si está dispuesto a desdecirse históricamente y “a plegarse a los designios que atentan contra su dignidad e identidad”.
La empresaria Robin Bernstein compareció ante el Comité durante una audiencia de confirmación de la posición a la que ha sido propuesta.
Conforme se registra en un video de la sesión, publicado en el portal de la red C-SPAN, el senador Ben Cardin le preguntó si estaba al tanto de la decisión del Tribunal Constitucional que afecta a descendientes de haitianos y los declara como “apátridas”.
Le preguntó: “¿Cuál será su enfoque para garantizar que a estos individuos se les restaure su nacionalidad?”.
Bernstein respondió que los derechos humanos son muy importantes para ella, especialmente porque su familia judía dejó Rusia por el irrespeto a esos derechos.
“Servir como embajadora sería una forma personalmente significativa para mí de mostrar gratitud por cómo la gente de la República Dominicana se preocupaba por el pueblo judío”.
Con la sentencia TC/0168/13 el Tribunal Constitucional establece que a los hijos de extranjeros en tránsito no les corresponde la nacionalidad dominicana.
