SANTO DOMINGO. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó este domingo que el ministro de Educación, Andrés Navarro, “ha actuado apegado a la legalidad” al ejecutar la Ordenanza 24-2017, que reglamentó el proceso de selección de 18 directores regionales y 22 distritales y que, según esa entidad, se hizo respetando los mecanismos que otorga la Ley Orgánica de Educación 66-97.
Finjus calificó, además, de acciones “antidemocráticas” la actitud del gremio de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la que consideró como “una grave amenaza a la estabilidad, la gobernabilidad y la convivencia pacífica” que atenta contra el derecho fundamental a la educación de niños y niñas de República Dominicana.
En una comunicación de prensa enviada a los medios de comunicación, exhortó al Ministerio de Educación “a tomar todas las medidas legales que sean adecuadas para garantizar el derecho fundamental a la educación en la sociedad dominicana, procediendo a elevar los recursos necesarios en la jurisdicción correspondiente para poner un alto a estas actitudes que dañan gravemente a los más pobres del país”.
Explicó que “ajustándose” al contenido de las normas, Navarro “encomendó a una comisión de expertos el estudio de los expedientes de los 149 candidatos presentados y posteriormente realizó la designación correspondiente”.
