SANTO DOMINGO. El informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) desató ayer reacciones de diversos sectores, que por un lado defienden la Ley 169-14 que establece un régimen especial para las personas nacidas en el territorio nacional y por el otro la soberanía nacional.
El canciller Miguel Vargas Maldonado sostuvo que la Ley 169-14, fue fruto de un gran consenso nacional, la que está apegada a las normas, amén de regular la política migratoria del país.
“Nosotros gestionamos ante los organismos competentes y en un proceso prácticamente de un año logramos salir del Capítulo 4, de manera que nosotros como país somos apegados al respeto de los Derechos Humanos, pero entendemos que como país soberano que somos debemos defender nuestro derecho nacional”, expuso.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, consideró que la República Dominicana es un país independiente y soberano, por lo que el tema de la nacionalidad es de su absoluta incumbencia. Sostuvo que la Ley 169-14 sobre la nacionalidad se está aplicando, aunque admitió desconocer que el informe inste al país a dejar sin efecto disposiciones de esa legislación.
Castaños Guzmán destacó que el país y la JCE se rigen por la Constitución y las leyes “y creo que lo hacen muy bien”.
Juan Manuel Rosario, especialista en derecho internacional y migratorio, aseguró que la CIDH aspira a que el Estado no aplique su Constitución para que los hijos de ilegales adquieran la nacionalidad por haber nacido en territorio dominicano.
Manifestó que el Estado dominicano no puede darse el lujo de violar su institucionalidad para complacer intereses foráneos y de pequeños grupos nacionales que sólo persiguen buscar una salida a Haití a través de República Dominicana.
Aunque sostiene que la Ley 169-14 es inconstitucional, entiende que la CIDH la apoya porque pisotea la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13.
El presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, planteó que desde hace años el objetivo está trazado: “Quitarle a República Dominicana el derecho de definir quiénes son dominicanos».
“El pretexto empleado es convertir un caso de indocumentación, provocado en su origen por Haití, en un supuesto caso de apatridia masiva provocado por el Tribunal Constitucional”, apuntó.
