SANTO DOMINGO. Representantes de partidos políticos se pronunciaron ayer a favor de que el país no ceda ante las presiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), y preserve la Ley 169-14, mientras el jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón advirtió sobre las consecuencias de instalar una mesa de trabajo para conocer casos de violaciones.
Ramón Rogelio Genao, secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), aseguró que la Ley de Naturalización Especial es el producto de un consenso de todos los poderes, incluyendo al Ejecutivo, y “no debe variarse por presiones injerencistas y foránea… el Gobierno no puede, ni debe ceder».
“Los dominicanos casi de manera unánime rechazamos las exigencias o (sugerencias) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos», dijo.
Tony Peña Guaba, secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), dice estar de acuerdo con el régimen especial, pero estudiando a profundidad los casos.
“La soberanía no puede estar en juego. Hay que respetar las leyes migratorias pero que se haga con justicia y con equidad”, apuntó, mientras también consideró que la legislación no debe modificarse a pesar de entender que debe ser más específica.
Orlando Jorge Mera, presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno (PRM), también señaló que la Ley 169-14 fue el resultado del consenso político y por eso debe ser apoyada y preservada.
Manifestó que se percibe que hay un interés oficial para preservarla.