MEXICO.- Gane quien gane en las elecciones del 1 de julio, el principal desafío será cómo luchar contra la corrupción y la impunidad asociada, que se han convertido en el problema principal del país y lastrado la presidencia de Enrique Peña Nieto.
“¿Cómo le van a hacer para acabar con la corrupción?” es una de las preguntas que estos días, en plena campaña electoral, no deja de surgir en los eventos y foros a los que acuden los candidatos.
Esta lacra no solo supone un golpe a la credibilidad de políticos e instituciones, sino que repercute económicamente en el crecimiento del país.
Según estimaciones del Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado de México (CEESP), el costo de la corrupción en el país fluctúa entre 9 % y 10 % del producto interno bruto.
En vista de ello, las demandas de las organizaciones civiles coinciden en un punto que consideran urgente: la necesidad de nombrar al fiscal anticorrupción, tarea que lleva años de retraso.
Esta figura es la pieza fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que se echó a andar en 2016 y está compuesto por siete instituciones autónomas.
“Queremos un fiscal que sea independiente. En este país, la justicia nunca ha sido justicia: siempre se ha utilizado para manejar la política y contra los enemigos”, afirma a Efe el consejero de la organización civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) Pablo Girault.
