Organizaciones empresariales y de la sociedad civil solicitarán al Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que obligue a los partidos políticos a cumplir con esa ley y los incluya en la lista de “sujetos pasibles de castigo”.
El Centro Juan XXIII, el Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo SJ, la Fundación Masada, Santiago Somos Todos, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo enviaron una carta al citado organismo y a la Junta Central Electoral (JCE) en la que explican que”es la propia ley 155-17 la que establece que el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos podrá incluir como sujetos obligados a quienes presenten riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y, como tal, deban contar con mitigadores para impedir que sean utilizadas para dichas actividades”.
“El financiamiento político sin control es la puerta de entrada del lavado de activos condicionando su funcionamiento y capturando las estructuras del Estado, penetrándola para facilitar la actividad del narcotráfico y el crimen, deformando la competencia electoral, la representación y desmantelando el sistema democrático y los cimientos del Estado social democrático de derechos”, afirmaron.
