SANTO DOMINGO. Previo a la aprobación de la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que ordena la suspensión del proselitismo por considerar que “transgrede las normas vigentes destinadas a pautar los tiempos de las campañas electorales”, el órgano había emitido el 21 de agosto de 2017 un comunicado en el que alertaba sobre los aprestos electorales a destiempo.
En el comunicado, la JCE miraba “con preocupación los aprestos electorales manifiestos y evidentes en los medios de comunicación” e hizo de conocimiento a la dirigencia política que conforme a lo establecido en el artículo 87 de la Ley Electoral 275-97 “toda elección será precedida de una proclama que dictará y hará publicar” la JCE y que la misma se publicaría a más tardar, 90 días antes de la fecha en que deba celebrarse, de manera que se entendería abierto el período electoral desde el día de la proclama.
El presidente del PLD, Leonel Fernández, llamó la decisión “carente” de fundamento legal. Mientras que el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, dijo que la “facultad reglamentaria de la JCE, está limitada a ser aplicada cuando una campaña electoral esté oficialmente llevándose a cabo”.
Sin embargo, el exmiembro titular de la JCE y portavoz del expresidente Hipólito Mejía, Eddy Olivares, ve la decisión con base legal suficiente como para castigar a quien no la cumpla. Olivares declaró que “el desacato de la resolución de la Junta Central que prohibió la publicidad gráfica y los actos de precampaña en espacios públicos, es un delito electoral castigable con prisión correccional de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 2 mil a 5 mil pesos. y citó el Art. 22 de la Ley Electoral.
Legisladores de distintos partidos respaldaron la disposición de la Junta Central Electoral (JCE) que ordenó el cese de las actividades proselitistas y de movilización de personas en la vía pública, así como el despliegue de propaganda en medios de comunicación alusiva a precandidaturas para las posiciones electivas de cara a las elecciones generales del 2020.
