SANTO DOMINGO. Luego de transcurrido un año de haber iniciado una investigación sobre los sobornos de Odebrecht, la Procuraduría General de la República (PGR) informó hoy que estructuró un voluminoso expediente que relata en 518 páginas, de miles que contiene la acusación, los hechos ilícitos que habrían cometido las siete personas encartadas, aportando 1,711 elementos probatorios obtenidos de manera legal.
En una nota de prensa, la Procuraduría destacó que, como parte de ese trabajo, presentó acusación y solicitó apertura a juicio el pasado jueves en contra de Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Jesús Antonio Vásquez Martínez.
Precisó que el expediente está acompañado de 1,368 pruebas documentales, 234 materiales, 54 testimoniales y 4 ilustrativas, así como 42 actos procesales y 9 interrogatorios.
La PGR señala que “encontró pruebas fehacientes y suficientes que vinculan a esos imputados” con los US$92 millones en sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas.
Precisó que la acusación contra el grupo de imputados fue presentada ante al juez de la Instrucción Especial designado por la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, por presuntamente incurrir en los delitos de soborno, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, estableciéndose que dichos imputados no pueden justificar sus respectivos patrimonios.
“El procurador general de la República, Jean Rodríguez, dijo que el combate de la corrupción y la impunidad es uno de los temas centrales para la Procuraduría General de la República, y una muestra de ello es el esfuerzo y empeño para procesar judicialmente a los involucrados en los sobornos, sin importar las funciones públicas ejercidas, ni a qué partido pertenecen, ni su poder económico”, se destacó en la nota de prensa.
Políticos de oposición y representantes de la sociedad civil han cuestionado y rechazado el archivo provisional del expediente de ocho imputados por falta de evidencias suficientes y la ratificación de que no se encontraron evidencias de prebendas en el proceso de licitación ni en el financiamiento de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, adjudicada a un consorcio en el que participa Odebrecht.
