Colaboración: Tito Valenzuela
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Santo Domingo, RD-. El Bloque Dominicano para los Derechos Humanos (BDDH), solicitará a las magistradas Marisol Tobal y Rosa A. Medina Mejía, coordinadora del Tribunal de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia; y del Departamento de la Niñez, Adolescencia y Familia, de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, respectivamente, que realicen sendas investigaciones para que se determine la veracidad o falsedad de denuncias de que se estaría produciendo maltrato infantil en la vivienda de un empleado de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI).
La entidad indicó que las denuncias apuntan a que desde la vivienda del nombrado Félix Amador, ubicada en la calle Barahona casi esquina Yolanda Guzmán, del sector Villa Francisca, en el Distrito Nacional, se está produciendo el hecho.
Mediante una misiva que dirigirá a las magistradas Tobal y Medina Mejía, la entidad de derechos humanos aclara que no acusa de maltrato infantil al también dirigente del Partido Revolucionario Independiente (PRI), sino que al recibir la información la tramitará por antes las autoridades correspondientes.
“La denuncia la recibió este bloque de derechos humanos en septiembre del año pasado por personas que residen entre las calles Yolanda Guzmán y Barahona, próximo a la vivienda de ese empleado de la ONAPI, quien opera una impresora en su residencia”, dijo.
De igual manera, el BDDH indagó sobre la ubicación del comité zonal del Partido Revolucionario Independiente (PRI) en Villa Francisca pero residentes indicaron que realmente esa organización política no existe en esa demarcación de la Capital.
«Amador no es un ningún político, ese hombre ni siquiera es bachiller y por eso el presidente del PRI, Trajano Santana, no cuenta con estructura política en Villa Francisca”, refirieron personas consultadas.
En otro aspecto, el BDDH alertará mediante una misiva al director general de Impuestos Internos (DGII), ingeniero Magín Díaz, para que ese organismo determine si la “impresora” que opera en la vivienda de Félix Amador cumple al Estado con sus obligaciones tributarias. “Además, como derechos humanos queremos saber si ese señor paga los seguros que por ley les corresponden a los dos empleados que laboran en la imprenta y si también les paga el salario número trece (doble sueldo) al que toda empresa está obligada en diciembre de cada año”, sostuvo el BDDH.
