SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República informó este domingo que avanza en la investigación penal y persecución que lleva a cabo contra los fabricantes y distribuidores de clerén y otras bebidas tóxicas en todo el país, mediante la cual buscan identificar, apresar y proceder con el sometimiento a la justicia de los involucrados en esa práctica ilegal.
Las acciones se llevan a cabo en cumplimiento de las instrucciones dadas en ese sentido por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, quien advirtió que los fiscales de los diferentes distritos judiciales del país permanecen en las calles para perseguir de manera activa esa actividad delictiva y someter ante los tribunales de sus respectivas jurisdicciones a todo el que sea sorprendido dedicándose a la fabricación y comercialización de clerén y otras bebidas de fabricación artesanal, sin ningún tipo de control sanitario.
El procurador Jean Rodríguez hizo un llamado a la ciudadanía a no consumir este tipo de bebidas, que ponen en riesgo su salud y hasta el bien más preciado que es la vida, al tiempo de indicar que una prueba de ello, son las 109 personas que han fallecido hasta la fecha a consecuencia del consumo de clerén y otras bebidas de fabricación artesanal, durante el actual período de cuarentena que vive el país por la pandemia del coronavirus (COVID-19).
El Ministerio Público indicó en un comunicado de prensa que, luego de iniciadas las pesquisas el pasado 13 de abril, han sido apresadas y sometidas a la justicia nueve personas.
Explicó en ese sentido que en Santo Domingo Este fueron sometidos Villiard Elma, Felipe Báez Méndez, Ramón Antonio Mejía Santana y Emo Rafael Luis (éste último con prisión preventiva), Zudeiky Rafael Abreu Estévez, en Santiago; Basilio Valdez Florentino, Santunario Amador Lara y Juan Miguel Santo Báez en la provincia Peravia, mientras que en la provincia Montecristi fue sometido José Alberto Morrobel Pimentel, a quien le fue impuesta una garantía económica por RD$25 mil en efectivo y presentación periódica por seis meses hasta que la Fiscalía concluya la investigación.
