Tras un análisis pormenorizado de los perfiles laborales y las competencias de los inmigrantes venezolanos en el país, el estudio contempla medidas de protección y regularización tendientes a evitar la informalidad laboral y facilitar su inserción en los sectores de sanidad, educación y turismo receptivo, sin crear competencia con los trabajadores nacionales.
Durante el evento, la Dra. Florinda Rojas, directora ejecutiva del INM RD, manifestó que “es una oportunidad para aprovechar los conocimientos de la población inmigrante de origen venezolano, conocida por sus capacidades y amplia formación académica, lo que tendría efectos positivos para el desarrollo del país”.
La publicación presenta, además, una serie de recomendaciones* acerca del ajuste del estatus migratorio, la promoción de mecanismos de información sobre las posibilidades laborales, el financiamiento de trámites laborales, el mejoramiento de los procesos de validación de programas académicos, la flexibilización de los procesos migratorios, entre otros aspectos.
La puesta en circulación del estudio fue seguida de una presentación de la OIT y el debate sobre el impacto de la COVID-19 en el mercado laboral, así como el apoyo que podría brindar la población venezolana en este contexto.
Carmen Moreno, directora de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, destacó que las competencias laborales de buena parte de la población venezolana que vive en República Dominicana son complementarias con las de la población nacional; por lo tanto, esta puede contribuir de manera determinante al crecimiento económico del país y la recuperación de la pandemia, a través del trabajo decente y el empleo digno.
En ese sentido, la Dra. Rojas agregó que “este documento expone propuestas para la formulación de políticas públicas y/o programas que permitirían identificar a inmigrantes venezolanos calificados e incorporarlos en áreas o actividades en las cuales pudieran aportar sus habilidades y conocimientos para ayudarnos a responder adecuadamente a la crisis de salud que la COVID-19 ha creado”.
El ACNUR destacó la contribución de distintas agencias de Naciones Unidas, el INM RD y el Ministerio del Trabajo para lograr un estudio sólido, en línea con el mandato de este organismo internacional y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En este caso, un producto relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, que apunta al trabajo decente y el crecimiento económico.
