El jurista Julio Cury defendió, en base a la Constitución y las leyes que rigen la actividad aeroportuaria en el país, la legalidad en la aprobación de los actos del Estado dominicano que autorizaron la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro, tras indicar que la objeción al proyecto se ha debido únicamente a un conflicto de intereses.
“Las alharacas en torno al aeropuerto de Bávaro fueron interesadas, no hubo una crítica que se formulara a ese proyecto que no tuviera el interés deliberado de evitar que se construya para para preservar el monopolio que en la actividad aeroportuaria del Este ha tenido durante décadas el Grupo Punta Cana”, afirmó Cury.
Al defender la prerrogativa que tienen los promotores del nueva terminal de emprender el proyecto, el jurista indicó que independientemente de la libertad de empresa, está reconocido como derecho fundamental en la Constitución, que dispone en el artículo 50 que sólo se puede consentir monopolios a favor del Estado”.
Al detallar los motivos que en su opinión se mueven detrás de las críticas al proyecto, Cury sostuvo que “de eso es que se trata, de un grupo económico que pretende preservar y prolongar el estado monopólico de los servicios aeroportuarias en esa importante región turística del país”.
Preguntado en torno a las críticas que se formulan a la nueva terminal aprobada al Grupo Abrisa, Cury dijo que “todos en los permisos que se otorgaron para la construcción de esa iniciativa, que es eminentemente privada, se observaron el procedimiento de la ley 107-13 y principios de jurisdicidad y transparencia, debido proceso que también esa ley prevé”.
Sostuvo que, en consecuencia, “es falso que hayan sido otorgados al margen de la ley, ya que de haber sido así, hace tiempo que el Grupo Punta Cana hubiese recurrido a la jurisdicción administrativa para impugnar la validez de los diferentes actos que se dictaron con motivo de la aprobación de esa iniciativa, que se refieren a la resolución de no objeción de la Comisión Aeroportuaria, por una parte, al decreto del presidente de la República, que puede ser igualmente impugnado por la vía contenciosa y a la resolución que posteriormente emitió el IDAC”.
Cury afirmó que esta es la fecha en que ninguno de esos actos ha sido objetado mediante recurso contencioso ante el Tribunal Superior Administrativo ni tampoco se han solicitado medidas cautelares para suspender la ejecutoriedad de los 3 actos que se dictaron para aprobar la construcción del Aeropuerto de Bávaro.
El presidente del Grupo Abrisa, Abraham Hazoury, también ha defendido públicamente la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), afirmando que se ha querido aplicar a la terminal un estigma de supuestas irregularidades en el proceso de aprobación por parte del Ejecutivo.
Asimismo, calificó de bochornoso que sea en la opinión de un controlador que funge como supervisor del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) en el Aeropuerto de Punta Cana, que sus detractores intenten desacreditar los aspectos técnicos y aeronáuticos del proyecto. “En breves palabras, el supervisor del IDAC está al servicio del supervisado: el Aeropuerto de Punta Cana”, indicó.
