Input your search keywords and press Enter.

Vicedecana Jurídica UASD valora oportunidad Consejo Magistratura para cumplir Constitución y convenios internacionales

REPÚBLICA DOMINICANA.-La vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, exhortó a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, dar cumplimiento a la Constitución en aumentando el número de mujeres al Tribunal Constitucional.

La doctora Rosalía Sosa Pérez, manifestó que en la actualidad el número de mujeres miembros del TC es de tres, mientras que el de hombres es de diez miembros, por lo que no hay una participación ni proporcional ni mucho menos paritaria para la toma de decisiones en plano de igualdad entre los miembros del Tribunal Constitucional.

En el año 2011, fueron electos por primera vez los 13 miembros de los cuales fueron seleccionados 10 hombres y 3 mujeres.  En el año 2018, se inició el proceso de renovación gradual de la matrícula del TC en donde una integrante fue sustituida por otra.  En esta ocasión, es importante resaltar, que salen dos mujeres, y por lo que sería una gran oportunidad aumentar la cuota de participación de la mujer para la búsqueda del equilibrio y la igualdad  constitucional y convencional.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, plantea en el artículo 7  “que las mujeres tienen derecho a la igualdad de participación en la vida política y pública, a votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y a ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales”, agregó la exdirectora ejecutiva de Participación Ciudadana.

El derecho fundamental a ser elegibles para todos los organismos públicos, ha sido desconocido históricamente y de manera reiterada por el Estado dominicano a través de normas, políticas y sobre todo de prácticas discriminatorias arraigadas que se reproducen institucionalmente y de manera sistemática; por lo que es una gran oportunidad para impulsar el cambio y dar cumplimiento a la Constitución y a las Convenciones Internacionales que buscan erradicar políticas que menoscaben el derecho a la igualdad y promuevan y garanticen la participación equilibrada de mujeres y hombres, en particular en el Tribunal Constitucional, concluyó la docente universitaria.