SANTO DOMINGO.-El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán y el diputado por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rogelio Alfonso Genao, se sumaron a las voces que en las últimas semanas han criticado la elevada frecuencia con la que fiscales y jueces piden y aplican la prisión preventiva como medida de coerción contra personas imputadas de haber cometido algún delito.
Consultado sobre si en el sistema de justicia se abusa de la señalada disposición, Castaños Guzmán respondió enfáticamente de manera afirmativa y lo atribuyó a las fallas en la implementación del Código Procesal Penal.
«Claro porque el Código se desnaturalizó, el Código se desnaturalizó en su implementación, esa es la realidad», consideró el representante de la FINJUS.
De su lado, el diputado Rogelio Alfonso Genao sostuvo que la prisión preventiva es un tema que debe ser revisado, ya que entiende que esta acción coercitiva se está utilizando de forma incorrecta.
El legislador abogó por una reforma al Código Procesal Penal que permita agilizar los procesos judiciales, recordando que la prisión preventiva no es una pena definitiva.
«Tenemos que trabajar en una reforma para agilizar los procesos y depender menos de lo que a veces se sustenta el Ministerio Público que es la prisión preventiva, que a veces es utilizada y ya como una práctica, como pena anticipada», manifestó el congresista.
Rogelio Alfonso Genao recordó además que tal como lo establece el Código Procesal Penal, la prisión preventiva es una medida que debe ser aplicada de manera extraordinaria y sin embargo, en la actualidad se está implementando como norma.
Se recuerda que recientemente legisladores del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) criticaron también al sistema de justicia por pedir e imponer la referida medida con demasiada frecuencia.
Tal fue el caso del diputado perremeista Anibal Díaz, quien de manera precisa condenó la prisión preventiva por 18 meses que fue impuesta a los exministros Administrativo de la Presidencia y de Hacienda, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, respectivamente.
