Santo Domingo, República Dominicana.-El inversionista extranjero Antonio Carbone, presentó ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) un recurso de oposición a la candidatura a la reelección del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio Moya de la Cruz «Gory».
La iniciativa busca impedir que el legislador participe como candidato a diputado por la circunscripción 3 del Distrito Nacional en las elecciones del 19 de mayo próximo. El empresario hizo la solicitud a través de sus abogados Ysmael Molina Carrasco y Jafet Y. Sánchez Mercado.
El pedimento dirigido al presidente del TSE, Román Jáquez Liranzo, se fundamenta en varias acusaciones penales contra Moya de la Cruz en tres de los casos más grandes en la historia de la República Dominicana.
La instancia presentada por los abogados de Carbone hace mención a la acusación que incluye a Gory en el caso Calamar, en la que el Ministerio Público instrumentó un expediente por asociación de malhechores que involucra a ministros y otros funcionarios del pasado Gobierno.
El recurso también contiene la denuncia pública de supuesta corrupción presentada contra Moya de la Cruz y 126 imputados más por alegado abuso de poder, chantaje, extorsión, falsedad de expedientes, asociación de malhechores y robo agravado, relacionados con el robo y estafa más grande de la historia del país, sustrayendo un patrimonio de más de 580 millones de dólares a la Familia Carbone.
De igual forma, los abogados del inversionista notificaron al alto tribunal de la querella penal en contra del legislador y otros 126 imputados por violaciones a varios artículos del Código Penal dominicano, incluyendo los delitos de asociación de malhechores, estafa, falsificación de documentos, entre otros.
La solicitud también incluye la denuncia pública de corrupción el 26 de abril contra Moya y funcionarios del Ministerio Público por abuso de poder, extorsión, falsedad, asociación de malhechores y robo agravado por transferir bienes de Carbone en violación a dos sentencias definitivas e inamovibles.
La solicitud también cita las sentencias del Tribunal Constitucional que ratifican órdenes de inmovilización de fondos sobre los bienes de la familia Carbone, estableciendo que ningún funcionario tenía derecho a transferir ese patrimonio.
La oposición contiene además, la declaración jurada del patrimonio de Sergio Moya de 2016, donde supuestamente declaró como propios bienes y patrimonios presuntamente robados y estafados a los Carbone a través de varias empresas, violando la Ley 41-08 sobre Función Pública en 13 ocasiones.
