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Cada día de cuarentena eleva la vulnerabilidad de las telecomunicaciones

El sector de telecomunicaciones en Venezuela, que ya era pobre antes del brote de la enfermedad por coronavirus (Covid-19), ha empeorado, con el riesgo de un corte de Internet para el país. A raíz de las medidas preventivas para mitigar y minimizar los contagios, manteniendo a millones de ciudadanos en casa, el uso de datos a través de chats, videos, trasmisiones en vivo, redes sociales y navegación asidua, sobrecargó la capacidad de la red existente.

Tal como Banca y Negocios lo reseñó en una oportunidad, la conectividad en Venezuela podría estar al borde del colapsoal menos no en el corto plazo, según señalan los expertos.

El operador de telecomunicaciones más grande del país, Telefónica S.A. Movistar, pidió uso racional del consumo de datos luego de revelar recientemente que el aumento actual, durante la primera semana, equivale al volumen de datos utilizados en el país durante todo el 2019. Esto a pesar del hecho de que el país ha perdido millones de usuarios en los últimos años, según el regulador Conatel.

Además de hacer la vida bajo encierro mucho más insoportable, el servicio irregular de Internet amenaza con afectar aún más la economía, teniendo en cuanta la grave situación que presenta el sistema eléctrico nacional. Tras la medida populista de Nicolás Maduro de prohibir el corte de servicios de telefonía, televisión e internet durante los siguientes seis meses, expertos advierten de un mayor riesgo de descomposición en la infraestructura tecnológica nacional, sobre todo en el riesgo de pérdida de banda ancha hasta el mínimo posible, que ya se ha visto comprometida internacionalmente.

Sin embargo, cuando aluden que se prohíbe el corte de los servicios de telecomunicaciones por seis meses, «es una invitación a la sociedad a no pagar», dijo Fran Monroy Monret, analista especializado en telecomunicaciones. El mandatario Nicolás Maduro ordenó a las empresas de telecom continuar ofreciendo sus servicios durante la cuarentena, incluso si los clientes no pueden pagarlos. Pero, ¿qué ocurrirá después de esos seis meses? Aunque el gobierno asuma el gasto, ¿de dónde saldrá el dinero?