El Gobierno y la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) iniciaron un proceso de diálogo de 30 días con el objetivo de encontrar una salida al conflicto generado por las comisiones que las estaciones de servicio pagan por las transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito.
El acuerdo fue alcanzado durante una reunión encabezada por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, junto al presidente de Anadegas, Juan Elías Pérez, representantes del sector comercial y funcionarios de distintas instituciones. En el encuentro no participaron las empresas encargadas de procesar los pagos electrónicos.
Como parte del consenso, las estaciones de combustibles continuarán aceptando pagos con tarjetas mientras se desarrollan las conversaciones entre las partes.
Anadegas sostiene que las comisiones aplicadas por las empresas procesadoras, que oscilan entre un 1.95 % y un 2.50 % del valor de cada transacción, representan una carga económica cada vez mayor para el sector, debido a que se calculan sobre el monto total de la venta y no sobre el margen de ganancia de las estaciones.
De acuerdo con el gremio, el incremento en los precios de los combustibles ha elevado el costo de estas comisiones, reduciendo significativamente la rentabilidad de los detallistas. La organización afirma que el monto descontado por cada galón vendido puede representar entre una cuarta parte y más de un tercio del margen bruto de comercialización establecido por el Estado.
Asimismo, la entidad asegura que las tasas cobradas en República Dominicana son superiores a las vigentes en varios países de América Latina y Europa, donde las comisiones por pagos electrónicos son considerablemente más bajas.
Las comisiones son descontadas por las empresas administradoras de pagos electrónicos antes de transferir el dinero al comercio, por lo que las estaciones no reciben el valor íntegro de la venta realizada con tarjeta.
Anadegas había advertido sobre la posibilidad de suspender este método de pago si no se encontraba una solución al problema. De haberse concretado esa medida, los consumidores habrían tenido que pagar el combustible principalmente en efectivo, además de afectar a empresas que utilizan tarjetas corporativas para controlar el consumo de sus flotillas.
Con la apertura del proceso de negociación, ese escenario queda temporalmente descartado, mientras el Gobierno y el sector buscan un acuerdo que permita mantener los pagos electrónicos sin afectar la sostenibilidad económica de las estaciones de servicio.
