FUENTE EXTERNA
El Poder Ejecutivo depositó este viernes ante el Senado de la República un proyecto de ley que propone modificar 18 artículos de la Ley Orgánica 74-25, que contiene el nuevo Código Penal dominicano y cuya entrada en vigencia está prevista para agosto de 2026.
La iniciativa fue entregada a través del presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco, y quedó registrada con el número 01705-2026-PLO-SE. El proyecto fue remitido a la comisión bicameral creada para analizar las distintas propuestas de modificación a la nueva legislación penal.
Entre los artículos que el Gobierno propone reformar figuran los 121, 122, 123, 141, 142, 144, 170, 176, 192, 207, 208, 211, 214, 215, 248, 303, 310 y 354.
Uno de los aspectos que ha generado mayor atención es la propuesta de cambios a los artículos 208 y 211, relacionados con la difamación y las excepciones aplicables a determinadas expresiones. La normativa vigente establece sanciones de dos a cinco años de prisión para quienes realicen imputaciones públicas que lesionen el honor, el buen nombre o la imagen de una persona, incluyendo publicaciones difundidas a través de medios digitales, redes sociales o plataformas electrónicas.
Asimismo, la iniciativa contempla modificaciones al artículo 310, que tipifica el ultraje contra funcionarios públicos. Esta disposición prevé penas de prisión y multas por expresiones, imágenes, escritos o gestos, incluso cuando no sean realizados de forma pública, si se consideran ofensivos para la dignidad del servidor público, un punto que ha sido objeto de críticas por parte de juristas y organizaciones que defienden la libertad de expresión.
En el ámbito de la salud, el proyecto también propone reformar el artículo 354, referente a la expedición de certificados médicos falsos. La legislación actual sanciona con penas de uno a dos años de prisión a los profesionales de la medicina que emitan deliberadamente certificaciones falsas sobre el estado de salud, lesiones, enfermedades o causas de muerte, con agravantes cuando se trate de médicos forenses o servidores públicos.
La propuesta de reforma también abarca otros temas, entre ellos el bullying y ciberbullying, la prescripción de delitos sexuales, el exhibicionismo, el acoso, el autosecuestro, el abandono de menores, la bancarrota simple y la malversación de fondos públicos, entre otras figuras penales.
El proyecto deberá ser evaluado por la comisión bicameral antes de continuar su trámite legislativo y ser sometido a votación en ambas cámaras del Congreso Nacional. La revisión del nuevo Código Penal se produce en medio del proceso de recepción de observaciones y propuestas, tras las críticas y manifestaciones surgidas luego de la aprobación de la Ley 74-25.
