Santiago.- El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en coordinación con la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Alcaldía de Santiago, realizó un operativo de supervisión en 17 rutas del transporte público de pasajeros tras detectar aumentos no autorizados en el precio del pasaje.
La intervención tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, además de garantizar que las tarifas aplicadas a los usuarios se ajusten a la normativa vigente.
Durante la jornada fueron inspeccionados 180 vehículos pertenecientes a distintas rutas afiliadas a la Federación Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT). Como resultado, 85 unidades fueron fiscalizadas por incumplir las disposiciones legales, mientras que tres vehículos fueron retenidos por las irregularidades detectadas. Asimismo, tres ciudadanos extranjeros fueron fiscalizados conforme a los procedimientos establecidos.
El director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, explicó que las acciones estuvieron dirigidas a las pocas rutas donde se identificaron incrementos irregulares en el costo del pasaje y destacó que la gran mayoría de las organizaciones del transporte organizado ha respetado el compromiso de mantener las tarifas sin variación.
El funcionario aseguró que más del 95 % de las organizaciones del transporte público del país ha respaldado los acuerdos alcanzados con la institución, manteniendo los precios vigentes y privilegiando el diálogo.
Morrison recordó que el Gobierno continúa apoyando al sector mediante programas como el subsidio a los combustibles y el Bono Gas Chofer, por lo que reiteró que cualquier ajuste en las tarifas debe estar sustentado en estudios técnicos y contar con la autorización del Intrant, entidad responsable de regular el régimen tarifario del transporte público de pasajeros.
La institución informó que los operativos de supervisión y fiscalización continuarán desarrollándose en distintas provincias del país con el propósito de proteger a los usuarios y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.
