El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura a juicio contra 35 de los 40 imputados en el expediente de corrupción administrativa conocido como Operación Calamar, entre ellos el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward y varias empresas vinculadas al proceso.
La decisión fue adoptada tras considerar que existen suficientes elementos probatorios para que los acusados respondan en un juicio de fondo por los hechos atribuidos por el Ministerio Público, que sostiene que la estructura habría provocado un perjuicio económico al Estado superior a los RD$19 mil millones.
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó la decisión como un avance importante en la lucha contra la corrupción, aunque expresó desacuerdo con los autos de no ha lugar emitidos a favor de cinco imputados, entre ellos el exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo.
Camacho informó que el órgano acusador recurrirá la decisión ante instancias superiores al considerar que el tribunal no valoró correctamente parte de las pruebas presentadas durante la audiencia preliminar.
Según explicó, el Ministerio Público entiende que existen evidencias suficientes para que todos los procesados sean conocidos en un juicio de fondo. Entre los elementos señalados figuran testimonios, documentos y otras pruebas que, a juicio de la acusación, vinculan a los imputados con las operaciones investigadas.
La jueza Altagracia Ramírez rechazó las solicitudes de nulidad del proceso y los pedidos de extinción de la acción penal planteados por varias defensas, permitiendo así la continuación del caso contra la mayoría de los acusados.
De acuerdo con la acusación, la presunta red de corrupción operó mediante pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, manejo fraudulento de recursos estatales, sobornos vinculados al sector de juegos de azar y alegadas maniobras para financiar actividades políticas.
El Ministerio Público sostiene además que los imputados incurrieron en delitos como asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas electorales.
Para sustentar la acusación, los fiscales presentaron más de 1,200 pruebas documentales, periciales y testimoniales durante la fase preliminar del proceso.
La Operación Calamar fue ejecutada en marzo de 2023 mediante una serie de allanamientos realizados en distintas provincias del país. Desde entonces, las autoridades han desarrollado una extensa investigación que desembocó en uno de los expedientes de corrupción más voluminosos de los últimos años en República Dominicana.
Con la apertura a juicio, el caso entra ahora en una nueva etapa judicial en la que los acusados deberán enfrentar el conocimiento de fondo de las imputaciones formuladas por el Ministerio Público.
