Santo Domingo.– El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso distintas medidas de coerción a los imputados en el proceso derivado de la Operación Cobra 2.0-A, mediante la cual el Ministerio Público investiga una presunta estructura de corrupción administrativa vinculada al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La decisión, emitida la noche de este domingo, contempla prisión preventiva, arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida y garantías económicas, dependiendo de la situación procesal de cada imputado.
El tribunal ordenó 18 meses de prisión preventiva para Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes deberán permanecer en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra.
También fueron enviados a prisión preventiva, por el mismo período, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, quienes cumplirán la medida en el CCR Najayo Mujeres.
En tanto, el tribunal dispuso arresto domiciliario para Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
A otros cinco imputados —Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo— se les impuso una garantía económica de dos millones de pesos, mediante una compañía aseguradora, además de impedimento de salida y arresto domiciliario.
Para Martha María Saldaña Saldaña, la garantía económica fue fijada en tres millones de pesos, también a través de una aseguradora, junto con impedimento de salida y arresto domiciliario.
Asimismo, José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré deberán pagar una garantía económica de un millón de pesos, además de cumplir impedimento de salida y presentación periódica.
El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional quedó designado como tribunal de control del proceso, mientras que la revisión obligatoria de las medidas fue fijada para el 22 de diciembre de 2026.
Ministerio Público valora decisión
Tras conocerse el fallo, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, consideró que la decisión representa un reconocimiento a la investigación desarrollada por el Ministerio Público.
Camacho también exhortó a los médicos a no facilitar sus códigos profesionales a terceros, al señalar que esa práctica podría involucrarlos en investigaciones penales.
Sobre las medidas adoptadas, el procurador adjunto destacó que la mayoría de los imputados quedó sujeta a medidas que implican privación de libertad y calificó la decisión judicial como razonable desde la perspectiva del órgano acusador.
El funcionario agregó que las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en SeNaSa continúan abiertas y adelantó que el Ministerio Público seguirá profundizando en otras posibles ramificaciones del caso.
Investigación por presunto desfalco
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, la investigación procura establecer la existencia de un supuesto esquema mediante el cual se habrían distraído recursos públicos de SeNaSa.
Entre los delitos atribuidos por el órgano persecutor figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La investigación también incluye al exdirector de SeNaSa Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros imputados procesados previamente dentro de la denominada Operación Cobra.
El Ministerio Público sostiene que durante las pesquisas obtuvo evidencias que apuntan a presuntos actos de soborno, alteración de estados financieros y utilización de programas especiales que, según su teoría del caso, habrían servido para desviar recursos.
Las imputaciones forman parte de una investigación que las autoridades han extendido a otras operaciones relacionadas con el supuesto entramado. Entre ellas figura la Operación Onco14, mediante la cual fueron arrestadas tres personas vinculadas, según el Ministerio Público, a presuntas maniobras fraudulentas que habrían afectado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, al Instituto Oncológico Regional del Cibao y a SeNaSa.
Las acusaciones del Ministerio Público deberán ser examinadas durante las distintas etapas del proceso judicial, conforme avance el expediente.
