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Cambios en centros migratorios de EE. UU. generan debate por posible influencia de empresas privadas

Washington.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) modificó sus estándares nacionales para los centros de detención migratoria tras incorporar parte de propuestas presentadas por un importante contratista privado del sistema, según reveló el diario The Washington Post.

De acuerdo con el informe, la empresa GEO Group, uno de los principales operadores privados de centros de detención bajo contrato con ICE, sugirió cambios regulatorios relacionados con el marco laboral de las personas detenidas y la eliminación de referencias a legislaciones estatales y locales.

El nuevo esquema adoptado por ICE establece que las personas bajo custodia migratoria no son consideradas empleados y, por tanto, no tienen derecho a salarios ni beneficios laborales bajo leyes estatales o directrices locales. Además, el documento revisado elimina referencias a la obligación previa de pagar al menos un dólar diario por trabajos realizados dentro de los centros.

GEO Group enfrenta actualmente múltiples litigios en distintos estados por presuntas violaciones de leyes de salario mínimo, debido a compensaciones simbólicas por labores realizadas por personas detenidas. La empresa sostiene que se trata de trabajo voluntario bajo normativa federal.

El reporte del Washington Post señala que las modificaciones reflejan la influencia creciente de empresas privadas en la gestión del sistema de detención migratoria en Estados Unidos, donde ICE actúa simultáneamente como regulador y principal contratante.

El informe también menciona que altos funcionarios vinculados a la política migratoria han tenido vínculos laborales previos con GEO Group, lo que ha generado cuestionamientos por posibles conflictos de interés en el manejo del sistema.

En los últimos años, el gobierno estadounidense ha ampliado el uso de centros de detención administrados por empresas privadas, en paralelo al aumento de arrestos de migrantes. Actualmente, el sistema mantiene a decenas de miles de personas bajo custodia, mientras continúan las controversias sobre las condiciones de detención y la gestión de la mano de obra interna en estas instalaciones.

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