Diputados aprueban en primera lectura las modificaciones al Código Penal; segunda votación será el lunes
La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley núm. 74-25, correspondiente al nuevo Código Penal de la República Dominicana, incorporando un total de 32 cambios al texto que fue promulgado recientemente.
La iniciativa deberá ser conocida nuevamente el próximo lunes en segunda lectura, un paso indispensable para completar su trámite en la Cámara Baja antes de continuar el proceso legislativo establecido por la Constitución.
La revisión del Código Penal se desarrolla en un contexto de alta presión por los plazos legales, debido a que la normativa está programada para entrar en vigencia el 3 de agosto de 2026. Esto obliga al Congreso Nacional a concluir la aprobación de las modificaciones antes de esa fecha para evitar que el texto original comience a aplicarse sin los ajustes propuestos.
Las enmiendas fueron estudiadas por una comisión bicameral especial, que durante varios días recibió y analizó más de 90 propuestas presentadas por representantes de distintos sectores, entre ellos organizaciones sociales, gremios profesionales, empresarios, juristas, médicos y comunicadores.
Entre los temas que concentraron mayor atención durante el proceso figuran las disposiciones sobre libertad de expresión, la responsabilidad penal del personal médico y de las personas jurídicas, así como nuevos delitos relacionados con el uso de plataformas digitales, la inteligencia artificial y otras modalidades de criminalidad tecnológica.
La jornada del próximo lunes será determinante, ya que los diputados deberán decidir si mantienen las 32 modificaciones aprobadas inicialmente o si incorporan nuevos cambios durante la segunda discusión del proyecto.
Con esta aprobación preliminar, la reforma al Código Penal entra en una etapa decisiva. El resultado de la segunda lectura marcará el futuro inmediato de la iniciativa y determinará si el Congreso logra completar el proceso legislativo antes de la fecha prevista para la entrada en vigor de la nueva legislación penal.
