MIAMI.– Un grupo de más de 70 pastores evangélicos latinos pidió al gobernador de Florida, Ron DeSantis, detener temporalmente las ejecuciones en ese estado, ante el elevado número de condenados que han recibido la pena máxima durante 2026 y las preocupaciones sobre posibles errores en el sistema judicial.
Los representantes religiosos presentaron una carta en Tallahassee, sede del Gobierno estatal, en la que instaron a las autoridades a reconsiderar la continuidad de estos procedimientos y abrir un espacio para examinar sus consecuencias humanas, legales y sociales.
La iniciativa surge cuando Florida contabiliza 17 ejecuciones en lo que va de año, una cifra que se acerca a las 19 registradas durante 2025, de acuerdo con los datos citados en el informe.
Omar Johnson, encargado de las relaciones con las iglesias de Mission Talk, organización que agrupa a más de 2,000 obispos y pastores evangélicos, consideró que el incremento debe llevar a las autoridades a reflexionar sobre el impacto de la pena capital en las familias y las comunidades.
El religioso sostuvo que las estadísticas representan situaciones humanas irreversibles y pérdidas que afectan a numerosas personas.
Ejecución de Robertson coincide con el reclamo
La solicitud se produjo el mismo día en que las autoridades de Florida ejecutaron mediante inyección letal a James Robertson, de 63 años, quien había sido sentenciado a muerte por asesinar a su compañero de celda en 2008.
Otro procedimiento previsto para la jornada, correspondiente a William Lee Thompson, de 74 años, fue aplazado por el momento. Su defensa ha alegado que el condenado padece demencia.
La situación ha reforzado las inquietudes de los religiosos sobre las condiciones en que se aplican las sentencias de muerte y la necesidad de revisar las garantías que rodean estos procesos.
Cuestionan el riesgo de condenar a personas inocentes
Entre los participantes en la iniciativa figura Juan Carlos Calderón, pastor de la iglesia Nuevo Comienzo, en Palm Beach, quien llamó la atención sobre las exoneraciones de personas que habían sido condenadas a muerte en Florida.
Calderón citó cifras del Death Penalty Information Center que sitúan en 30 el número de personas exoneradas del corredor de la muerte en ese estado desde que existen registros.
A su entender, la posibilidad de fallos en las investigaciones y los procesos judiciales constituye una razón para examinar con cautela la aplicación de una pena que no permite revertir sus consecuencias una vez ejecutada.
El caso de Tennessee aumenta las preocupaciones
El llamado también se produce después del intento fallido de ejecución de Christa Pike en Tennessee. Según la información difundida por EFE, la condenada sobrevivió al procedimiento realizado el 30 de septiembre tras recibir dos inyecciones letales y posteriormente recibió el alta médica, aunque presentó secuelas.
El episodio ha vuelto a poner bajo discusión los métodos de ejecución y los procedimientos empleados por las autoridades penitenciarias.
Por su parte, el pastor Esteban Rodríguez, del Centro Cristiano Pan de Vida, en Kissimmee, instó a Florida a incorporarse a los estados que han eliminado la pena capital.
Rodríguez afirmó que en los territorios que abolieron este castigo la criminalidad disminuyó alrededor de un 10 %. Esa cifra corresponde a sus declaraciones y no establece, por sí sola, una relación causal entre la eliminación de la pena de muerte y la reducción de los delitos.
Los pastores solicitaron finalmente una suspensión temporal de las ejecuciones para abrir una discusión sobre las garantías judiciales, la posibilidad de condenas erróneas y las consecuencias definitivas de la pena capital.
