Santo Domingo, RD.– La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, dará a conocer este viernes su decisión sobre el proceso judicial de la denominada Operación Calamar, considerada por el Ministerio Público como uno de los mayores casos de presunta corrupción administrativa investigados en el país.
El expediente involucra a los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, así como a otros exfuncionarios y empresarios acusados de integrar una supuesta red dedicada al desvío de fondos públicos mediante pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, el alegado entramado habría manejado más de RD$41,000 millones desde distintas instituciones del Estado.
La magistrada Ramírez deberá decidir si envía a juicio de fondo a los imputados, dicta auto de no ha lugar o declara la nulidad de la acusación, tal como han solicitado algunas de las defensas.
La decisión se produce luego de concluir la fase preliminar del proceso, en la que el tribunal evaluó las pruebas documentales, testimoniales y periciales presentadas por el órgano acusador, así como los argumentos de los abogados defensores.
El Ministerio Público solicitó formalmente que todos los implicados sean enviados a juicio, incluyendo a 34 personas físicas y 13 empresas señaladas dentro del expediente.
El director nacional de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, ha sostenido que existen elementos suficientes para que el caso avance a juicio de fondo.
En la misma línea, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, afirmó que las evidencias presentadas sustentan plenamente la apertura a juicio.
Por su parte, los principales imputados han rechazado las acusaciones y aseguran que demostrarán su inocencia durante el proceso.
El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, ha defendido públicamente los resultados de un peritaje financiero realizado por expertos designados por el tribunal, el cual —según afirma— concluyó que no existen indicios de irregularidades financieras, operaciones sospechosas ni lavado de activos en su patrimonio.
De acuerdo con su defensa, el análisis abarcó el período comprendido entre 2012 y 2023 e incluyó revisión de ingresos, bienes, cuentas bancarias, inversiones y documentación fiscal tanto en República Dominicana como en Puerto Rico.
Además de Guerrero, Peralta y Castillo, el expediente también incluye al excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Pichirilo; al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; y a otros exfuncionarios vinculados a distintas dependencias estatales.
La decisión de este viernes marcará el rumbo del proceso judicial y definirá si el caso avanza hacia un juicio de fondo en el que serán debatidas las pruebas y responsabilidades penales de los acusados.
