Santo Domingo.– Los ministerios de Salud Pública y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) pusieron en marcha una nueva normativa destinada a regular y fortalecer el proceso de reconocimiento de títulos académicos extranjeros en el área de la salud, con especial énfasis en las especialidades médicas y los programas cursados bajo modalidades virtuales o semipresenciales.
La disposición establece criterios y procedimientos que permitirán evaluar con mayor rigor la formación obtenida fuera del país, garantizando que los profesionales interesados en ejercer en la República Dominicana cumplan con estándares académicos y prácticos equivalentes a los exigidos a nivel nacional.
Entre los aspectos contemplados por la resolución se encuentran la verificación de la carga académica, la formación clínica supervisada y las competencias profesionales adquiridas durante los estudios. Además, se incorporan mecanismos específicos para analizar programas desarrollados mediante educación a distancia, especialmente en aquellas áreas donde la práctica presencial constituye un componente esencial del proceso formativo.
Durante la firma del acuerdo, las autoridades destacaron que la iniciativa busca fortalecer la calidad de los servicios de salud y asegurar que los profesionales certificados posean la preparación necesaria para desempeñar sus funciones con los niveles de excelencia requeridos.
El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, señaló que la medida procura garantizar que las especialidades médicas reconocidas por el Estado dominicano respondan a criterios de calidad comparables a los nacionales, especialmente en lo relacionado con la práctica clínica supervisada y la acreditación oficial en sus países de origen.
Por su parte, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos, explicó que la normativa define el marco bajo el cual serán reconocidos, legalizados y certificados los títulos obtenidos en instituciones extranjeras, contribuyendo a una mayor transparencia en estos procesos.
Las autoridades resaltaron que la resolución forma parte de los esfuerzos para reforzar la regulación del ejercicio profesional en el sector salud, proteger a los pacientes y garantizar que quienes ofrecen servicios sanitarios en el país cuenten con las competencias requeridas.
La normativa entró en vigor de manera inmediata tras su firma y será aplicada de forma conjunta por ambas instituciones, de acuerdo con las atribuciones que les confiere la legislación vigente.
