Santo Domingo. La Policía Nacional informó que mantiene activa la búsqueda de Emanuel Hernández, señalado como el presunto responsable de realizar la intervención quirúrgica en la que perdió la vida Rebecca Brizard, de 28 años, en un centro médico ubicado en el sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este.
El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que la localización de Hernández forma parte de las investigaciones iniciadas tras la denuncia presentada por los familiares de la víctima, quienes solicitan el esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.
Pesqueira indicó que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para determinar si el hombre contaba con la documentación y las credenciales legales que lo acreditaran para ejercer la medicina y realizar procedimientos quirúrgicos. Agregó que, hasta el momento, la Policía no ha confirmado la versión de que Hernández no sea médico de profesión, por lo que ese aspecto continúa bajo investigación.
Como parte de las pesquisas, también serán interrogados los integrantes del personal que participaron en la intervención practicada a la paciente, con el propósito de establecer las responsabilidades correspondientes.
Mientras tanto, el director de Habilitación y Acreditación del Ministerio de Salud Pública, Juan Gerardo Mesa, afirmó que, según las declaraciones ofrecidas por la doctora Griselda Basora, propietaria del centro donde ocurrió el hecho, Hernández habría realizado otros procedimientos quirúrgicos en ese establecimiento antes del caso de Rebecca Brizard.
Mesa sostuvo que durante la inspección se cuestionó a la administración del centro sobre la documentación que debía acreditar al supuesto cirujano, incluyendo título universitario, exequátur, colegiatura y especialidad. De acuerdo con el funcionario, la respuesta fue que esos documentos serían entregados posteriormente, lo que nunca ocurrió.
El representante del Ministerio de Salud Pública también consideró que la responsabilidad por lo sucedido no recaería únicamente sobre la persona señalada de practicar la cirugía, sino que podría extenderse al personal que intervino en el procedimiento, al entender que todos los involucrados tenían el deber de verificar que el profesional cumpliera con los requisitos legales para ejercer.
Asimismo, informó que el centro médico donde se realizó la intervención operaba sin la habilitación correspondiente del Ministerio de Salud Pública y que fue clausurado por las autoridades tras conocerse el fallecimiento de la paciente.
Las investigaciones continúan mientras las autoridades intentan localizar al principal señalado en el caso y determinar las responsabilidades penales y administrativas derivadas del hecho.
