SANTO DOMINGO.– La decisión judicial que envió a juicio de fondo a varios de los acusados en el caso Calamar fue valorada por representantes de la sociedad civil y del sector jurídico como un paso importante dentro del proceso, aunque persisten diferencias de criterio sobre los descargos otorgados a algunos imputados.
La portavoz de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, consideró que la resolución constituye un “avance parcial y real” en los esfuerzos por combatir la corrupción, pese a que el tribunal emitió autos de no ha lugar a favor del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, el exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y otros implicados.
Blanco señaló que el expediente involucra a decenas de personas y que la magnitud de la presunta estructura investigada obliga a analizar la decisión en toda su dimensión. A su juicio, la exclusión de algunos acusados del juicio de fondo evidencia que los elementos presentados por el Ministerio Público no alcanzaron el nivel requerido para sustentar todas las imputaciones.
La representante de Participación Ciudadana indicó que la atención debe centrarse ahora en la etapa de juicio de fondo, donde se determinarán las responsabilidades de quienes fueron enviados a responder ante los tribunales.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini, defendió la independencia del Poder Judicial y sostuvo que la decisión debe ser respetada, al tratarse de una facultad que corresponde exclusivamente a los jueces.
La semana pasada, el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional favoreció con auto de no ha lugar a Gonzalo Castillo dentro del proceso conocido como caso Calamar, al considerar insuficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público para justificar su envío a juicio.
El expediente es considerado uno de los mayores casos de presunta corrupción administrativa investigados en el país durante los últimos años.
Tras conocerse la decisión, el Ministerio Público anunció que recurrirá la sentencia mediante un proceso de apelación, con el objetivo de revertir los autos de no ha lugar emitidos a favor de Castillo, José Ramón Peralta y otros tres acusados vinculados al caso.
