El magistrado Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, informó este jueves que los casos considerados de urgencia continuarán siendo atendidos pese al paro de labores convocado por asociaciones de jueces y servidores judiciales en todo el país.
El juez explicó que servicios vinculados a medidas de instrucción, órdenes de arresto y otros procesos urgentes seguirán funcionando a través de los tribunales de atención permanente.
“Hay cuestiones que son de carácter de urgencia, por ejemplo, algunas medidas de instrucción y órdenes de arresto, que la atención permanente seguirá sus labores normales”, expresó Mejía.
Sin embargo, indicó que los tribunales ordinarios decidieron suspender las audiencias programadas para este jueves como parte de la jornada de protesta organizada por jueces y empleados judiciales en reclamo de mejoras laborales y condiciones más dignas dentro del sistema de justicia.
El magistrado señaló que la cantidad de procesos afectados dependerá de la agenda de cada tribunal, debido a la cancelación de los roles de audiencia correspondientes al día.
Al referirse a las demandas del sector judicial, Reymundo Mejía afirmó que los jueces mantienen disposición al diálogo y reiteró el llamado al Consejo del Poder Judicial para establecer conversaciones que permitan buscar soluciones a las problemáticas denunciadas.
Asimismo, sostuvo que las asociaciones de jueces han agotado distintas vías antes de recurrir al paro nacional y consideró necesaria una negociación “seria y sincera” con las autoridades judiciales.
El magistrado también aseguró que la protesta no persigue perjudicar al sistema judicial, sino llamar la atención sobre las condiciones en que laboran jueces y servidores judiciales.
“Jamás queremos afectar la institución, porque nosotros nacimos y crecimos en ella”, expresó el juez, al destacar el compromiso que, según afirmó, mantienen con la administración de justicia.
Las declaraciones de Reymundo Mejía se producen en medio de una jornada de protesta nacional que provocó la suspensión de miles de audiencias y procesos judiciales en distintas jurisdicciones del país.
