Santo Domingo.– El movimiento cívico Participación Ciudadana dio a conocer su octavo informe del Observatorio de casos de corrupción administrativa, en el que examina el desarrollo del proceso judicial seguido contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros implicados en alegados actos de corrupción en el sector público.
El documento pone el foco en la evolución del expediente desde julio de 2021, cuando se dictaron medidas de coerción, advirtiendo que, de continuar el ritmo actual, el caso podría alcanzar cinco años sin una sentencia definitiva para mediados de 2026.
Según el análisis, el proceso ha atravesado múltiples retrasos. La fase preliminar tomó cerca de dos años en completarse, mientras que hasta septiembre de 2024 se habían celebrado 95 audiencias. No obstante, el inicio del juicio de fondo ha sido pospuesto en más de una veintena de ocasiones, lo que ha generado preocupación en torno al avance del caso.
La organización señala que gran parte de las audiencias recientes se han concentrado en la presentación de incidentes por parte de las defensas, situación que, a su juicio, contradice lo establecido en el artículo 305 del Código Procesal Penal, el cual indica que estos aspectos deben resolverse de manera concentrada para no interrumpir el curso del juicio.
En ese sentido, el informe subraya la responsabilidad del tribunal en garantizar el cumplimiento de los plazos procesales y evitar que los recursos legales se utilicen como mecanismos de dilación. Asimismo, destaca que, aunque instancias como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional han definido criterios sobre el “plazo razonable”, la gestión judicial sigue siendo clave para que los procesos avancen hacia una decisión final.
Participación Ciudadana advierte que este caso, junto a otros expedientes de corrupción administrativa en el país, podría enfrentar el riesgo de extinción de la acción penal si se supera el tiempo máximo establecido por la ley.
Finalmente, el informe reconoce que el nuevo Código Penal contempla sanciones más severas para los delitos de corrupción, pero insiste en que el principal desafío continúa siendo la capacidad del sistema de justicia para aplicar las leyes de forma eficaz y en tiempos oportunos.
