Santo Domingo.– El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó este miércoles que el nuevo Código Penal no podrá ser modificado antes de su entrada en vigor, programada para el próximo 3 de agosto, pese a las objeciones y acciones legales presentadas por distintos sectores de la sociedad.
El legislador sostuvo que la normativa ya completó el proceso legislativo correspondiente y que cualquier revisión deberá producirse después de que comience a aplicarse, cuando su implementación permita identificar posibles aspectos susceptibles de mejora.
Sus declaraciones se producen luego de que el Colegio Médico Dominicano presentara ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra varios artículos del nuevo marco legal.
De los Santos reconoció el derecho de los ciudadanos y organizaciones a recurrir ante los órganos competentes cuando entiendan que una disposición puede afectar sus derechos o intereses. No obstante, indicó que corresponde al Tribunal Constitucional analizar los recursos sometidos y emitir una decisión conforme a la ley.
El presidente del Senado señaló que la pieza legislativa representa una actualización necesaria del sistema penal dominicano, al considerar que la normativa vigente responde a una realidad social muy distinta a la actual.
Explicó que el nuevo Código incorpora figuras delictivas y mecanismos jurídicos que no estaban contemplados en la legislación anterior, incluyendo aspectos relacionados con los avances tecnológicos y nuevas modalidades de criminalidad.
Asimismo, destacó que la legislación fue aprobada con un período de vacatio legis de un año, precisamente para permitir que jueces, fiscales, abogados y demás actores del sistema de justicia pudieran familiarizarse con su contenido antes de su aplicación formal.
El senador también defendió la necesidad de modernizar el régimen penal del país y consideró que retrasar indefinidamente la entrada en vigor de la nueva normativa limitaría la capacidad del sistema judicial para enfrentar delitos que han surgido en las últimas décadas.
Mientras tanto, diversos sectores continúan expresando posiciones encontradas respecto al contenido del Código Penal, especialmente en torno a algunos artículos que han sido objeto de cuestionamientos jurídicos y debates públicos.
La atención ahora se concentra en las decisiones que pueda adoptar el Tribunal Constitucional respecto a los recursos sometidos, mientras se acerca la fecha prevista para la entrada en vigencia de la nueva legislación penal.
