Santo Domingo. El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, reintrodujo este martes por cuarta ocasión un proyecto de ley que busca eliminar el pago del anticipo para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la República Dominicana, con el objetivo de aliviar la carga fiscal del sector sin afectar las finanzas públicas.
La iniciativa plantea además readecuar el esquema de pago del anticipo para las pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de estimular la economía mediante la creación y sostenibilidad de nuevos negocios.
El anticipo es un pago obligatorio adelantado del Impuesto sobre la Renta (ISR) que las empresas deben realizar en función de las proyecciones de ganancias que estiman obtener durante el período fiscal.
El legislador, miembro del partido Fuerza del Pueblo, explicó que este mecanismo descapitaliza de manera permanente a las empresas, colocándolas en una situación de riesgo que podría llevarlas incluso a la quiebra.
Fernández señaló que más del 85 % de las empresas registradas en el país son micro o pequeñas, por lo que considera necesario crear un ambiente fiscal más favorable que les permita crecer y desarrollarse. A su juicio, exonerar a este sector del pago del anticipo no representaría un impacto significativo en las recaudaciones del Estado y, por el contrario, contribuiría al crecimiento económico.
Otros proyectos reintroducidos
El senador también informó que volvió a someter diversas iniciativas legislativas orientadas a fortalecer el marco institucional, el desarrollo económico y la inversión en el país. Entre ellas figuran:
- Proyecto de Modernización del Poder Judicial.
- Proyecto de ley de Seguridad Jurídica para Personas Ausentes y Desaparecidas.
- Proyecto de ley de Garantía de Cumplimiento de Sentencias Judiciales.
- Proyecto de ley de fomento de Academias Deportivas Internacionales y Atracción de Inversión en el Deporte.
- Proyecto de ley de fomento de Inversión de la Diáspora para el Desarrollo Nacional.
Según explicó el senador, estas propuestas buscan fortalecer la seguridad jurídica, promover la inversión y generar oportunidades de desarrollo económico y social en la República Dominicana.
