SANTO DOMINGO. – El Partido Humanista Dominicano consideró de alto interés nacional las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para enfrentar el impacto económico del conflicto en Medio Oriente, al tiempo que propuso que los primeros sacrificios recaigan sobre los altos funcionarios del Gobierno.
La posición fue fijada por el presidente de la organización, Ramón Emilio Goris, tras una reunión del Comité Político en la que se analizaron las posibles repercusiones de la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.
El dirigente político expresó que, aunque el partido respalda las acciones adoptadas por el Gobierno, estas deben complementarse con una política de austeridad en las instituciones públicas, especialmente en ministerios y direcciones generales.
“El país requiere unidad y responsabilidad, pero también coherencia. El sacrificio debe comenzar desde arriba, con una reducción real del gasto administrativo”, manifestó.
Goris indicó que, además de los subsidios a los combustibles y la energía eléctrica, resulta necesario aplicar medidas de control del gasto público para enfrentar con mayor eficacia el escenario internacional.
El también diputado ante el Parlamento Centroamericano señaló que el PHD comparte la preocupación ciudadana ante los posibles efectos económicos y sociales del conflicto, por lo que llamó a actuar con previsión.
Enfoque político y organizativo
Durante el encuentro, celebrado en la casa nacional del partido, también se abordaron temas internos relacionados con el fortalecimiento de la organización de cara a las elecciones generales de 2028.
En la reunión participaron miembros del Comité Político y del Comité Ejecutivo Nacional de distintas provincias, junto al secretario general Amauris Fabián Mota; la secretaria de organización, Lucitania Rosario; la secretaria de finanzas, Virtudes Matos, y los vicepresidentes Carlos Núñez y Rufino de León.
El presidente del PHD reiteró su llamado a todos los sectores nacionales a respaldar las medidas del Gobierno, insistiendo en que deben aplicarse con equidad y responsabilidad desde los niveles más altos del Estado.
