Santo Domingo, 26 de marzo de 2026 — El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, expresó su confianza en que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dicte sentencias “ejemplares y no simbólicas” en el juicio por corrupción administrativa que se sigue contra los generales Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y otros implicados.
Camacho respondió a los planteamientos de la defensa del procesado Raúl Alejandro Girón, calificando sus argumentos como una “confusión”, y destacó que el Ministerio Público ha cumplido al pie de la letra el acuerdo alcanzado con el imputado. “El acuerdo que ha hecho el Ministerio Público con Raúl Alejandro Girón está firmado y se ha puesto a disposición del tribunal para que no haya inconvenientes en la conclusión del proceso”, aseguró.
El procurador adjunto recordó que el acuerdo contempla, entre otros puntos, el decomiso de dinero que el Ministerio Público ha justificado con pruebas presentadas en audiencia. “Esperamos que el tribunal proceda al decomiso de esos bienes, que han sido debidamente documentados”, agregó.
Penas solicitadas y bienes incautados
El Ministerio Público solicitó penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos para los generales Cáceres Silvestre, Torres Robiou y De los Santos Viola, así como para otros altos oficiales implicados en la red de corrupción identificada en las operaciones Coral y Coral 5G, responsables del desvío de más de RD$4,500 millones del Estado.
También se solicitaron penas de 15 años para algunos acusados, diez años para otros y cinco años para un grupo adicional de imputados, así como multas y decomiso de bienes, incluyendo villas, casas, vehículos de lujo y dinero en efectivo. Entre los bienes incautados se contabilizan más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, 214 inmuebles y 86 vehículos de alto cilindraje, así como ingresos por alquileres y producción agrícola que ascienden a más de RD$86 millones.
El Ministerio Público pidió, además, la disolución y clausura de la entidad Iglesia Bautista Vida Eterna y de varias compañías vinculadas a la red de corrupción, así como la imposición de multas que oscilan entre 500 mil pesos y 10 millones de pesos.
Antecedentes de la red
Según la acusación, Cáceres Silvestre encabezó una red de 30 personas físicas y 18 jurídicas que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos de entidades públicas como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
El proceso judicial ha incluido la presentación de 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, 184 pruebas procesales y 104 pruebas materiales, como armas, relojes de lujo, equipos electrónicos, inmuebles y vehículos.
Camacho concluyó enfatizando que el Ministerio Público espera que la justicia imponga sanciones ejemplares y que los bienes incautados sean correctamente decomisados en favor del Estado.
