FUENTE EXTERNA
La región centroamericana atraviesa una creciente crisis de desapariciones de menores de edad, con un impacto particularmente alto en niñas y adolescentes, en medio de debilidades institucionales, vacíos legales y sistemas de respuesta desiguales entre países.
De acuerdo con datos de Interpol, actualmente existen unas 1,352 notificaciones amarillas activas en las Américas relacionadas con menores desaparecidos, de las cuales 788 corresponden a países de Centroamérica. Aunque las cifras globales reflejan una distribución similar entre niños y niñas, el análisis por país evidencia una mayor vulnerabilidad en adolescentes, especialmente entre los 13 y 17 años.
Entre los países con mayor incidencia, Honduras encabeza la lista con 508 reportes de menores desaparecidos, seguido de Guatemala con 249 casos. También se registran cifras menores en países como El Salvador, Panamá, Costa Rica y Nicaragua, aunque expertos advierten que el subregistro sigue siendo un problema relevante.
En Guatemala, el sistema de alerta Alerta Alba-Keneth se ha convertido en un referente regional. Desde su creación en 2010, ha permitido localizar a más de 85,000 menores. Solo en 2024 se activaron cerca de 7,000 alertas, con una alta tasa de resolución, aunque más de mil casos permanecen activos.
Por su parte, en Costa Rica, el Organismo de Investigación Judicial reportó más de 2,200 denuncias de menores desaparecidos en 2025, con un 89 % correspondiente a mujeres adolescentes. Las autoridades también han identificado una mayor vulnerabilidad en menores migrantes, especialmente de origen nicaragüense.
En Panamá, las estadísticas oficiales indican que cada siete horas se reporta la desaparición de un menor. Sin embargo, el uso de la Alerta AMBER ha permitido localizar a más del 90 % de los casos reportados. A pesar de ello, algunos casos emblemáticos siguen sin resolverse, como los de Mónica Serrano García y Aderlyn Llerena Saldaña.
En contraste, Nicaragua presenta un panorama marcado por la falta de transparencia y datos oficiales confiables. Organizaciones independientes estiman al menos 200 desapariciones entre 2021 y 2023, mientras que la mayoría de los casos recientes identificados involucran a niñas. Además, informes forenses indican altos niveles de violencia sexual contra menores.
En Honduras, factores como la migración, la pobreza y el crimen organizado agravan la situación. Datos oficiales presentan inconsistencias, con diferencias significativas entre registros del Ministerio Público y el sistema de emergencias 911. Asimismo, se ha identificado que un porcentaje de feminicidios está precedido por reportes de desaparición.
Mientras tanto, en El Salvador, la problemática está estrechamente ligada a la violencia sexual. Instituciones como el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer han documentado que más de la mitad de los casos de violencia sexual afectan a menores de edad, en su mayoría adolescentes.
A nivel regional, operativos como la Operación Eclipse han permitido rescatar a decenas de menores víctimas de explotación sexual, evidenciando que el 80 % de las víctimas son niñas entre 5 y 13 años.
Expertos coinciden en que la crisis está impulsada por factores estructurales como la pobreza, el desplazamiento forzado, la violencia de pandillas y la falta de coordinación entre instituciones. Asimismo, advierten que solo algunos países cuentan con marcos legales específicos para atender la desaparición de menores, lo que limita la eficacia de las respuestas.
Organismos internacionales recomiendan fortalecer la legislación, crear sistemas unificados de registro, mejorar las capacidades forenses y promover políticas preventivas que reduzcan los factores de riesgo que afectan a la niñez en la región.
