PUERTO PLATA.– Una familia residente en el sector El Batey, del municipio de Sosúa, solicitó la intervención de las autoridades ante un conflicto relacionado con la propiedad de una residencia ubicada en la calle Cuba, alegando que estaría siendo objeto de acciones que, según denuncian, podrían poner en riesgo su permanencia en el inmueble.
La denuncia fue realizada por María Castillo Caraballo, hermana de la propietaria de la vivienda, quien manifestó a esta redacción su preocupación por la situación que atraviesa su familia y pidió la intervención de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, así como del presidente Luis Abinader.
Castillo Caraballo señaló que representantes de la Fundación Asher, que identifica como representada por la licenciada Yudelka Arvelo de Terrero, esposa del pastor Robert Terrero, habrían realizado distintas acciones que la familia interpreta como una persecución con la intención de despojarlos de la propiedad.
Según su relato, habría recibido una intimación para comparecer ante los tribunales y, posteriormente, personas vinculadas a trabajos de agrimensura se habrían presentado en el lugar con la finalidad de realizar mediciones en los terrenos.
La denunciante explicó que la Fundación Asher adquirió una propiedad colindante con la de su familia, pero sostiene que ambos inmuebles corresponden a parcelas diferentes, identificadas, según afirma, como las 23 y 23D.
Castillo Caraballo también indicó que su hermana adquirió la vivienda hace más de 20 años a la esposa de una persona a la que identifica como “Lupi”, actual regidor del municipio de Sosúa.
Asimismo, sostuvo que cuando la fundación adquirió el terreno colindante se realizó de manera voluntaria un cerramiento perimetral, a la altura de bloques, que separaría ambas propiedades.
Ante el escenario descrito, los familiares solicitan que las autoridades competentes intervengan para determinar la situación legal de los terrenos y evitar que el conflicto pueda generar consecuencias mayores.
La familia asegura sentirse preocupada y atemorizada, debido a que, según expresa Castillo Caraballo, se trata de personas vulnerables que temen por su seguridad y por la posibilidad de perder el inmueble que, afirma, ha estado en poder de la familia durante más de dos décadas.
Los afectados también hicieron un llamado a la confraternidad de pastores de Sosúa para que contribuya a buscar una salida mediante el diálogo y la mediación.
La familia espera que las autoridades correspondientes puedan verificar la documentación de ambas propiedades, establecer los límites legales de cada parcela y esclarecer las acciones que han generado el actual conflicto.
Hasta el momento, las afirmaciones expuestas corresponden a la versión ofrecida por María Castillo Caraballo. Cualquier parte señalada en la denuncia conserva su derecho a ofrecer su versión y presentar la documentación que considere pertinente.
