Santo Domingo.– El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) manifestó este miércoles su preocupación por la intención de modificar nuevamente la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos mediante un procedimiento legislativo de urgencia.
A través de un comunicado, la organización empresarial sostuvo que el mecanismo de urgencia debe utilizarse únicamente en circunstancias excepcionales y advirtió que su aplicación frecuente en reformas de gran alcance puede limitar el análisis técnico y la participación de los sectores involucrados.
El gremio señaló que el proyecto de modificación fue introducido en el Congreso Nacional durante la jornada de este miércoles y que existe la intención de agilizar su conocimiento y aprobación en un corto plazo.
Según el CONEP, este tipo de iniciativas requiere amplios espacios de discusión debido a las implicaciones económicas, ambientales y operativas que tienen para distintos sectores de la sociedad.
La entidad recordó que la Ley 225-20 ya fue objeto de modificaciones durante el año 2025 mediante un proceso que también avanzó de forma acelerada, por lo que consideró necesario evaluar cuidadosamente cualquier nueva propuesta de reforma.
Para el sector empresarial, cuando una legislación necesita ajustes recurrentes, la prioridad debe ser fortalecer los procesos de consulta y concertación antes que reducir los tiempos de debate.
En ese sentido, el CONEP planteó la necesidad de promover un diálogo más amplio entre las autoridades, el sector privado, los gobiernos locales y demás actores vinculados a la gestión de residuos, con el propósito de construir soluciones sostenibles y consensuadas.
La organización afirmó que las reformas a marcos legales complejos deben sustentarse en estudios técnicos y en procesos participativos que permitan identificar posibles impactos y garantizar una mayor seguridad jurídica para todos los sectores involucrados.
La Ley 225-20 establece las normas que regulan la gestión integral de los residuos sólidos en la República Dominicana, incluyendo disposiciones relacionadas con la reducción, reutilización, reciclaje, valorización y disposición final de los desechos, con el objetivo de fortalecer la protección ambiental y la salud pública.
El debate sobre una eventual nueva modificación de esta legislación se produce en momentos en que diversos sectores analizan los desafíos y oportunidades asociados a la implementación de políticas de manejo sostenible de residuos en el país.
