Santo Domingo.– Los diputados por Santo Domingo Norte, Carlos Pérez y Eudy Maldonado, sometieron ante la Cámara de Diputados un proyecto de resolución mediante el cual solicitan a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) revisar e investigar el procedimiento de excepción iniciado por el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte para el alquiler de camiones destinados a la recolección de residuos sólidos.
La iniciativa surge en medio de cuestionamientos sobre la contratación, cuyo monto asciende a RD$114.5 millones para un período de tres meses, una cifra que, según los legisladores, amerita una evaluación exhaustiva de los aspectos legales, financieros y administrativos que sustentan el proceso.
Los congresistas señalaron que la administración municipal justificó el procedimiento bajo la figura de urgencia debido a la problemática de los residuos sólidos que afecta al municipio. Sin embargo, recordaron que dicha situación ya había sido reconocida meses atrás por el Concejo de Regidores mediante una resolución oficial.
En ese contexto, consideran necesario determinar si las circunstancias actuales cumplen con los criterios establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas para la aplicación de un procedimiento excepcional, o si se trata de una situación que pudo haber sido abordada mediante mecanismos ordinarios de planificación y contratación.
Pérez y Maldonado expresaron que la ciudadanía merece conocer las razones que justifican la contratación y los elementos técnicos que respaldan el incremento de los costos asociados al servicio.
Según explicaron, el gasto proyectado equivale a aproximadamente RD$38.1 millones mensuales, cifra superior a los cerca de RD$25 millones que anteriormente se destinaban cada mes para la prestación del servicio de recogida de desechos sólidos en el municipio.
Los legisladores enfatizaron que su solicitud no pretende obstaculizar la continuidad de un servicio esencial para la salud pública y el bienestar de la población, sino garantizar que el manejo de los recursos públicos se realice con transparencia y conforme a las disposiciones legales vigentes.
Asimismo, exhortaron a la Dirección General de Contrataciones Públicas a examinar el procedimiento para verificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y establecer si la contratación se ajusta a los principios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades municipales para que ofrezcan información detallada sobre el proceso y los criterios utilizados para sustentar la contratación, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana y garantizar el uso adecuado de los fondos públicos.
