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Gobierno realiza levantamiento de propiedades afectadas por construcción de elevado en Pedro Brand

La construcción del proyecto vial mantiene en incertidumbre a comerciantes y residentes de la zona, quienes esperan una respuesta del presidente Luis Abinader y proponen alternativas para reducir las afectaciones.

PEDRO BRAND, Santo Domingo.– La construcción de un elevado en el casco urbano de Pedro Brand ha generado preocupación entre residentes, comerciantes y propietarios de inmuebles, quienes solicitan la intervención del Gobierno para revisar el diseño de la obra y evitar el desplazamiento de numerosas familias y la desaparición de establecimientos comerciales.

Ante los reclamos, el Gobierno habría iniciado un proceso de evaluación de los inmuebles que resultarían afectados por los trabajos, mediante un levantamiento encabezado por el director de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), acompañado de un equipo técnico.

La iniciativa busca examinar las propiedades ubicadas en el tramo comprendido entre los kilómetros 25 y 28 de la autopista Duarte, donde se contempla desarrollar el proyecto de infraestructura vial.

Como parte de las gestiones, también fue anunciada una reunión para este jueves en la escuela Pedro Brand, en la que participarían representantes del movimiento que rechaza los desalojos y sectores que respaldan la ejecución de la obra, siempre que se garantice una compensación económica considerada justa.

El encuentro servirá para exponer las preocupaciones de los afectados y conocer las informaciones que las autoridades tienen sobre el futuro del proyecto, así como las posibles respuestas del presidente Luis Abinader y del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella.

Buscan evitar demolición de propiedades

Uno de los principales planteamientos del Comité Gestor No Desalojo es que se estudie una modificación del trazado del elevado, con el objetivo de reducir el número de propiedades que tendrían que ser demolidas.

Los representantes del movimiento estiman que alrededor del 30 % de los inmuebles ubicados en el área podrían resultar afectados y consideran que deben analizarse alternativas que permitan ejecutar la infraestructura sin provocar un impacto tan significativo sobre la comunidad.

Además de las compensaciones económicas correspondientes, solicitan que las autoridades contemplen mecanismos de reubicación, incluyendo la asignación de terrenos, para que las familias y comerciantes puedan continuar desarrollando sus vidas y actividades económicas en Pedro Brand.

Esperan entregar documento al presidente

La posible visita de Luis Abinader al municipio, con motivo de la inauguración de un anexo de una empresa localizada en el kilómetro 27½ de la autopista Duarte, representa otra oportunidad para que los afectados expongan directamente sus demandas al mandatario.

Los voceros comunitarios tienen previsto entregarle un documento en el que detallan sus reclamaciones y proponen alternativas para evitar que la ejecución del proyecto vial implique la pérdida de viviendas y negocios establecidos desde hace décadas.

La propiedad donde se realizará la actividad empresarial figura entre los inmuebles que, según las informaciones ofrecidas por los afectados, han sido notificados para desalojo.

Reclaman respeto a los derechos de propiedad

Mientras avanzan las gestiones, comerciantes y residentes han desarrollado varias movilizaciones pacíficas en distintos puntos de la autopista Duarte para llamar la atención de las autoridades sobre las consecuencias que tendría el proyecto.

Los organizadores aseguran que su lucha no responde a intereses partidarios, sino a la defensa de los derechos de los propietarios y de las familias que podrían verse obligadas a abandonar sus hogares y establecimientos.

También rechazan los señalamientos de que los ocupantes de los terrenos sean invasores, argumentando que entre los afectados existen personas con títulos de propiedad, registros catastrales y otras que alegan derechos de posesión sustentados en décadas de ocupación.

Los comunitarios esperan que las conversaciones con el Gobierno permitan alcanzar una salida que concilie la necesidad de mejorar la infraestructura vial con la protección de los derechos de quienes han construido su patrimonio y desarrollado sus actividades en Pedro Brand.

La principal expectativa del movimiento es que se revise el proyecto antes de ejecutar los desalojos y que cualquier decisión tome en cuenta las condiciones económicas, familiares y sociales de la población afectada.

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