La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó este viernes la apertura a juicio contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario Jochi Gómez y otros imputados vinculados al denominado caso de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Durante la audiencia, el tribunal acogió la acusación presentada por el Ministerio Público para que los señalados enfrenten un juicio de fondo, aunque dejó fuera la imputación de terrorismo que pesaba sobre los acusados.
La investigación sostiene que los procesados habrían integrado una estructura dedicada a cometer fraudes contra el Estado, lavado de activos y acciones de sabotaje relacionadas con el sistema de semaforización de la capital. Según las autoridades, el supuesto perjuicio económico asciende a aproximadamente 1,300 millones de pesos.
Entre los delitos atribuidos figuran asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, desfalco y lavado de activos. Además, el expediente contempla acusaciones vinculadas a delitos tecnológicos, robo de identidad, sabotaje y otras infracciones contra la seguridad nacional.
Junto a Beras y Gómez, el proceso involucra a varios exfuncionarios del Intrant, incluyendo responsables de las áreas de tecnología, control de tráfico, compras y administración financiera. También figuran empresarios y representantes de compañías que habrían participado en las operaciones investigadas.
La acusación alcanza igualmente a diversas sociedades comerciales, entre ellas Transcore Latam, Aurix, Inprosol, OML Inversiones, PagoRD Xchange, Industria Soltex Dominicana y Dekolor.
De acuerdo con el Ministerio Público, Jochi Gómez habría sido uno de los principales beneficiarios de los contratos bajo investigación y presuntamente mantuvo control sobre plataformas tecnológicas vinculadas a la gestión del tránsito. Mientras tanto, a Hugo Beras se le atribuye haber favorecido la adjudicación de contratos a empresas cuya capacidad técnica era cuestionada.
Las autoridades también señalan que algunos de los implicados habrían participado en la manipulación de procesos de licitación, emisión de documentos falsos y movimientos financieros destinados a ocultar recursos obtenidos de manera ilícita.
El caso tiene como eje central el contrato para la modernización y administración del sistema semafórico del Gran Santo Domingo, adjudicado tras un proceso de licitación realizado en 2023. El Ministerio Público sostiene que dicho procedimiento estuvo previamente orientado para beneficiar a una empresa específica.
Otro de los hechos que forma parte de la investigación es la interrupción de varios semáforos registrada en agosto de 2024 en distintas intersecciones de la capital. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) considera que el incidente no fue una simple falla técnica, sino una acción deliberada de sabotaje presuntamente ejecutada mediante acceso remoto al sistema, en medio de revisiones contractuales realizadas por el Intrant.
Con la decisión de apertura a juicio, el caso entra ahora en una nueva etapa judicial en la que el Ministerio Público deberá presentar las pruebas que sustenten las acusaciones formuladas contra los imputados.
