WASHINGTON.- Los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) analizan este viernes la posibilidad de establecer un grupo voluntario de gobiernos que dé seguimiento a la situación política de Nicaragua y explore vías de diálogo con las autoridades de ese país.
Los cancilleres y representantes de los Estados miembros están convocados en Washington para discutir una declaración especial sobre Nicaragua, luego de varias semanas de negociaciones entre las delegaciones.
De acuerdo con el proyecto de declaración, los países expresan preocupación por lo que califican como un proceso de deterioro de la democracia representativa en Nicaragua. El documento plantea además la creación de un grupo ministerial voluntario que podría presentar un nuevo informe ante los cancilleres de la organización en un plazo de 60 días.
Nicaragua, fuera de la OEA desde 2023
La discusión ocurre pese a que Nicaragua dejó formalmente la OEA en noviembre de 2023. El borrador sostiene que el país continúa sujeto a compromisos internacionales relacionados con la democracia y los derechos humanos establecidos en el sistema interamericano.
La situación nicaragüense ha sido objeto de pronunciamientos y reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha documentado denuncias relacionadas con la situación política y humanitaria del país.
El gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha rechazado las acusaciones de sus adversarios y organismos internacionales, mientras sostiene que sectores de la oposición actúan contra los intereses del país y mantienen vínculos con Estados Unidos.
Presión internacional
La administración estadounidense ha incrementado en los últimos meses las medidas de presión contra funcionarios, familiares de la pareja presidencial y entidades vinculadas al gobierno nicaragüense.
Washington también ha señalado su preocupación por la creciente relación entre Managua y China. Nicaragua restableció relaciones diplomáticas con Pekín en 2021, después de romper vínculos con Taiwán.
Precisamente, la posición que debería adoptar la declaración de la OEA respecto a la presencia o influencia de actores extranjeros en la región figura entre los asuntos que todavía generan diferencias durante las negociaciones.
Antecedentes de represión
La crisis política nicaragüense se profundizó tras las protestas de 2018, que dejaron alrededor de 300 muertos, según estimaciones de Naciones Unidas.
Desde entonces, organizaciones internacionales han denunciado detenciones, persecución de opositores y restricciones a diferentes sectores de la sociedad civil. La Iglesia católica también ha enfrentado presiones y acciones contra religiosos y representantes eclesiásticos.
El gobierno de Ortega ha defendido sus actuaciones como medidas destinadas a preservar el orden y la soberanía nacional, mientras sus críticos las consideran parte de un proceso de concentración del poder.
Debate sobre seguridad regional
Durante las conversaciones en la OEA también ha surgido la preocupación por las posibles repercusiones regionales de la situación nicaragüense, entre ellas el crimen transnacional y la persecución de ciudadanos nicaragüenses que viven en otros países.
Sin embargo, una fuente diplomática citada por AFP señaló que, aunque existen preocupaciones de seguridad, la situación no debería ser presentada como una amenaza a la paz y la seguridad regional, debido a las implicaciones que tendría esa clasificación.
La propuesta que examinan los representantes busca, por ahora, establecer un mecanismo político de seguimiento y mantener abierto un espacio para abordar la situación de Nicaragua mediante el diálogo.
