SANTO DOMINGO.– El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dispuso mantener la prisión preventiva contra Ángel Luis Guzmán Vásquez, señalado por el Ministerio Público como uno de los presuntos involucrados en la estructura investigada por el supuesto fraude millonario contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La decisión fue adoptada el viernes por el juez Raymundo Mejía, quien acogió la solicitud del órgano acusador al determinar que permanecen las circunstancias que dieron origen a la imposición de la medida de coerción.
A la salida de la audiencia, el fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, explicó que la ratificación se fundamentó en la gravedad de los hechos investigados y en que no han cambiado las condiciones que justifican la prisión preventiva.
El magistrado estableció que la próxima revisión obligatoria de la medida se realizará dentro de tres meses.
Presuntas irregularidades en autorizaciones médicas
Guzmán Vásquez fue arrestado a finales de abril por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Según las investigaciones, trabajó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa desde marzo de 2021 hasta noviembre de 2022.
El Ministerio Público sostiene que habría participado en la tramitación irregular de procedimientos médicos y consultas especializadas, mediante mecanismos que presuntamente permitían gestionar pagos superiores a los montos establecidos legalmente.
El expediente de la Operación Cobra identifica 4,363 solicitudes relacionadas con cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas, correspondientes al período entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025. Estas operaciones representarían un monto de RD$41,125,551.02, de acuerdo con la acusación.
Investigación incluye a otros imputados
Las pesquisas fueron ampliadas en septiembre con la denominada Operación Cobra 2.0, mediante la cual el Ministerio Público incorporó a nuevos investigados, entre ellos profesionales de la medicina y personas presuntamente vinculadas a la estructura.
En los distintos procesos judiciales se han impuesto medidas de coerción que incluyen prisión preventiva, arresto domiciliario, garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Entre los procesados que cumplen prisión preventiva figuran Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet. También se encuentran recluidas en Najayo Mujeres Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista.
El expediente incluye, además, al exdirector ejecutivo de Senasa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, junto con otros antiguos funcionarios y particulares.
El órgano acusador atribuye a los investigados presuntos delitos de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos y lavado de activos.
Según la investigación, el supuesto entramado habría operado mediante acuerdos entre funcionarios de Senasa y prestadores de servicios sanitarios, con mecanismos que presuntamente facilitaron la desviación de recursos públicos.
Operación Onco14 amplía las pesquisas
Otra línea de investigación relacionada con presuntas irregularidades en el sector salud es la Operación Onco14, ejecutada en junio y que produjo el arresto de tres personas vinculadas al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Entre los detenidos figuran Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del patronato; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
El Ministerio Público sostiene que los investigados habrían desarrollado maniobras para obtener beneficios económicos irregulares mediante el uso de las instituciones, afectando recursos destinados a la atención de pacientes con cáncer.
Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez tiene arresto domiciliario.
Con estas investigaciones, el Ministerio Público busca establecer las responsabilidades penales correspondientes y recuperar los recursos que, según sus señalamientos, habrían sido sustraídos de instituciones vinculadas al sistema de salud dominicano.
