El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que todavía no ha decidido si la ejecución de Nidal Malik Hasan, exmayor del Ejército condenado por la masacre de Fort Hood en 2009, será transmitida en directo al público.
Durante declaraciones ofrecidas a la prensa en la Casa Blanca, el mandatario señaló que analiza dos posibilidades: mantener el procedimiento sin transmisión pública o permitir que sea televisado. Según explicó, la decisión dependerá de su criterio, aunque reconoció que la difusión podría tener un efecto disuasorio frente a futuros actos similares.
Hasan fue condenado a muerte por matar a 13 personas y herir a otras 32 durante un tiroteo ocurrido en la instalación militar de Fort Hood, en Texas, en noviembre de 2009. Trump calificó al exmilitar de asesino y lamentó las consecuencias que el ataque dejó en las víctimas.
El viernes, el presidente ya había manifestado que Hasan merecía que su ejecución fuera mostrada públicamente debido a la gravedad de los hechos que se le atribuyen.
Detalles del procedimiento
Según las declaraciones recogidas en la información original, la ejecución está prevista para el próximo 3 de diciembre y se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento en Fort Hood. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió que el procedimiento pueda ser presenciado por el público, argumentando que debe quedar claro que los actos de violencia tienen consecuencias.
Por su parte, el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, expresó que no tiene intención de ver la eventual transmisión, aunque describió el ataque de 2009 como uno de los más graves sufridos por Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre.
ONU cuestiona la transmisión de ejecuciones públicas
La posibilidad de difundir el procedimiento ha generado cuestionamientos desde el ámbito de los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que las ejecuciones públicas pueden constituir un trato o castigo cruel, inhumano o degradante, y que su retransmisión podría agravar esas preocupaciones.
El debate gira en torno a la intención de utilizar la exposición pública como mecanismo disuasorio y a las implicaciones éticas y jurídicas de convertir una ejecución en un acontecimiento transmitido a una audiencia masiva.
