El presidente Luis Abinader dispuso la suspensión inmediata de todas las acciones relacionadas con el proyecto minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan, luego de las manifestaciones de rechazo expresadas por distintos sectores de la sociedad.
El mandatario explicó que la medida se apoya en lo establecido por la Ley 64-00 de Medio Ambiente, normativa que regula las iniciativas con potencial impacto ambiental y contempla la incidencia del consenso social en su desarrollo.
Según indicó, la oposición de comunidades y organizaciones ha sido determinante para tomar esta decisión, al considerar que el proyecto no cuenta con las condiciones necesarias para avanzar en el contexto actual.
Abinader también recordó que la iniciativa minera no es reciente, ya que sus antecedentes se remontan a permisos de exploración concedidos desde 2005, con renovaciones en años posteriores, lo que evidencia que su desarrollo ha atravesado varias etapas administrativas.
Desde el Gobierno se aclaró que, durante la presente gestión, el proyecto Romero no había recibido autorización para su explotación, encontrándose únicamente en fase de evaluación ambiental.
La paralización de este plan marca un punto relevante en el manejo de temas ambientales en el país, reflejando el peso que han adquirido las demandas sociales en decisiones vinculadas a proyectos de alto impacto.
