SANTO DOMINGO. — El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que la investigación del Ministerio Público sobre la presunta red de corrupción vinculada al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) cuenta con suficientes evidencias para sustentar las medidas de coerción solicitadas ante los tribunales.
Camacho señaló que el expediente presentado contiene 706 medios de prueba y aseguró que al menos 13 de los imputados admitieron los hechos durante la audiencia. A partir de estas declaraciones, el Ministerio Público solicitó arresto domiciliario para nueve de los acusados que, según la Fiscalía, han colaborado con la investigación.
Para otros imputados, el órgano persecutor mantiene la solicitud de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria del proceso como caso complejo. El juez Rigoberto Sena se reservó la decisión y fijó para el domingo 27 de septiembre, a las 7:00 de la noche, la lectura del fallo.
Durante la audiencia, la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, sostuvo que el caso no debe analizarse únicamente desde el punto de vista económico, ya que, según explicó, el Ministerio Público considera que el principal bien jurídico afectado es el derecho a la salud. También indicó que parte de los recursos presuntamente entregados a los implicados habrían sido manejados en efectivo, por lo que su rastreo no necesariamente dependería de transacciones bancarias.
La investigación atribuye a los imputados posibles delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. El Ministerio Público sostiene que habría operado un esquema para desviar recursos públicos mediante distintas maniobras fraudulentas relacionadas con SeNaSa.
El proceso también incluye una segunda línea investigativa relacionada con la Operación Onco14, mediante la cual fueron arrestadas tres personas señaladas por el Ministerio Público de participar en presuntas irregularidades que habrían afectado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, al Instituto Oncológico Regional del Cibao, a pacientes con cáncer y a SeNaSa.
Mientras el tribunal evalúa las evidencias y los argumentos presentados por las partes, el proceso continúa en una etapa inicial en la que el Ministerio Público mantiene abierta la investigación sobre los hechos y las personas que podrían estar vinculadas al caso.
