La institución respalda una reciente sentencia que reconoce el derecho de una mujer a recibir la pensión de su esposo fallecido y solicita que se conozca una acción de inconstitucionalidad para extender esa protección a todas las familias afectadas.
SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) solicitó al Tribunal Constitucional (TC) conocer y decidir una acción directa de inconstitucionalidad que busca garantizar las pensiones por sobrevivencia a viudas, viudos y huérfanos de pensionados del Estado, sin que tengan que acudir a los tribunales para reclamar ese derecho.
El planteamiento fue realizado tras la publicación de la Sentencia TC/1135/26, del 29 de octubre de 2026, mediante la cual el Tribunal Constitucional ordenó reconocer la pensión por sobrevivencia a una mujer cuyo esposo, antiguo servidor público del sector salud, falleció mientras recibía una pensión estatal.
En este caso, la administración había rechazado la solicitud de la viuda porque su esposo no autorizó durante su vida el descuento del 2 % de su pensión, requisito utilizado para justificar el otorgamiento de una pensión permanente a sus familiares.
Como alternativa, se le ofreció un pago único equivalente a 12 mensualidades, en lugar de garantizarle el ingreso periódico que reclamaba.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó que la ausencia de esa autorización no puede convertirse en una razón para privar a los familiares del fallecido de su derecho a recibir una pensión por sobrevivencia.
La sentencia ordena a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) y al Ministerio de Hacienda y Economía otorgar el beneficio, pagar las mensualidades pendientes desde el fallecimiento del pensionado y ejecutar la decisión en un plazo de tres meses.
Además, estableció una penalidad de RD$2,000 por cada día de incumplimiento una vez vencido el plazo dispuesto.
El descuento del 2 % en el centro de la controversia
La discusión tiene su origen en el artículo 6 de la Ley 379-81, que regula el régimen de jubilaciones y pensiones de los servidores públicos.
Esta disposición contempla que, cuando fallece un pensionado, sus familiares pueden recibir el equivalente a 12 mensualidades. No obstante, su párrafo I establece la posibilidad de autorizar un descuento del 2 % para que los beneficiarios puedan conservar una pensión de carácter permanente.
La DIDA considera que esta condición ha generado situaciones de desprotección, debido a que numerosas familias pierden el ingreso periódico de sus seres queridos por no haberse realizado una autorización que, en muchos casos, los pensionados desconocían.
En su decisión, el Tribunal Constitucional sostuvo que esa omisión administrativa no debe perjudicar a las viudas ni a los hijos del fallecido, al tratarse de una responsabilidad atribuible a la Administración.
Asimismo, reafirmó que la pensión por sobrevivencia constituye un derecho protegido por la Constitución, particularmente por el artículo 60, relativo a la seguridad social, y que debe interpretarse conforme a los principios de favorabilidad y protección de la persona.
DIDA busca una solución que beneficie a todas las familias
La institución recordó que el criterio del Tribunal Constitucional sobre este tema no es nuevo, pues ha sido desarrollado desde la sentencia TC/0432/15 y reiterado en decisiones posteriores, entre ellas TC/0158/18, TC/0254/22, TC/1700/25 y TC/0029/26.
Pese a esos precedentes, la DIDA sostiene que todavía existen familiares de pensionados estatales que deben iniciar procesos judiciales para conseguir el reconocimiento de sus beneficios.
La entidad considera que esta situación genera gastos, demoras y dificultades adicionales para personas que atraviesan la pérdida de un familiar y necesitan estabilidad económica.
Por esa razón, presentó una acción directa de inconstitucionalidad contra el párrafo I del artículo 6 de la Ley 379-81, con el propósito de conseguir una decisión de alcance general que evite que cada familia tenga que iniciar un proceso individual.
El director general de la DIDA, Elías Báez, manifestó que el objetivo es que ninguna viuda, viudo o huérfano tenga que demandar al Estado para recibir una prestación que considera garantizada por la Constitución.
La institución reiteró su llamado al Tribunal Constitucional para que conozca el recurso y establezca una solución definitiva que proteja a todos los familiares que puedan encontrarse en circunstancias similares.
DIDA ofrece orientación y asistencia legal gratuita
La entidad exhortó a los familiares de pensionados y jubilados del Estado que hayan recibido una negativa a sus solicitudes de pensión por sobrevivencia a buscar orientación y asistencia jurídica.
Para esos fines, puso a disposición el teléfono 809-472-1900, disponible las 24 horas, además de sus redes sociales, oficinas provinciales, sede central y puntos de atención GOB.
La DIDA indicó que continuará ofreciendo acompañamiento a los afectados para procurar que sus derechos sean reconocidos y que las familias no queden desprotegidas económicamente tras el fallecimiento de un pensionado estatal.
